La Policía ha liberado a siete víctimas de explotación sexual, en su mayoría de nacionalidad peruana, y ha detenido a once personas, seis en Fuengirola (Málaga) y cinco en Madrid que, presuntamente, componían la vertiente española de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos.
La red criminal se aprovechaba de la vulnerabilidad y necesidad económica de sus víctimas utilizando falsas promesas de trabajo, como el cuidado de personas mayores, para convencerlas de que su vida mejoraría, según la Policía Nacional, que ha desarrollado la operación con la colaboración de la Policía de Perú.
Los arrestos se han producido por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública y uno de los detenidos por tenencia ilícita de armas.
La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de un entramado delictivo asentado en Fuengirola que presuntamente explotaba a sus víctimas en casas de citas locales, según ha informado la Policía.
Los integrantes de la rama española de la organización tenían su residencia habitual en Madrid y frecuentemente se desplazaban hasta la provincia malagueña para supervisar el funcionamiento de los pisos de citas y recaudar los beneficios que les daba la explotación de sus víctimas.
Los implicados se aprovechaban de la precaria situación de vulnerabilidad y necesidad económica en que sus víctimas se encontraban en su país de origen y utilizaban falsas promesas de trabajo, tales como el cuidado de personas mayores o de azafatas en discoteca hasta convencerlas de que su vida mejoraría.
Publicitaban los servicios sexuales a través de diferentes páginas web de contactos, en cuyo contenido indicaban números de teléfono a los que llamaban los clientes para concertar los servicios.
Venta de drogas
La organización criminal se dedicaba también a la venta de sustancias estupefacientes a los clientes que lo demandaran, como cocaína, "tusi", cocaína rosa o comprimidos potenciadores del deseo sexual.
Los implicados obligaban a sus víctimas a consumir algunas de estas sustancias, para anular la voluntad y alargar la duración de los servicios sexuales, lo que se traducía en mayores beneficios económicos para los tratantes.
Algunas de las víctimas fueron captadas en su país de origen a través de redes sociales, contactos en el país o directamente a través de los principales responsables en España.
En territorio nacional, eran recogidas en el aeropuerto por los principales miembros de la organización o familiares de estos, que las llevaban a domicilios de Madrid o de Fuengirola en autobús y seguidamente a los pisos de citas.
En ese lugar les informaban de la deuda económica que habían contraído por su traslado –que podía ascender hasta 3.000 euros- y que debían saldar ejerciendo la prostitución.
Para la operación se ha contado con la presencia en España de autoridades peruanas y la investigación ha obtenido ayuda de la Agregaduría de Interior en Perú para localizar víctimas y la colaboración de la ONG OURrescue.
Se han realizado cuatro entradas y registros, dos en Madrid y dos en Fuengirola, y se han intervenido 5.000 euros en efectivo, documentación relacionada con la investigación, diez teléfonos móviles, un dispositivo informático USB y estupefacientes (dos gramos de cocaína rosa o "tusi", cinco de hachís, uno de cocaína y marihuana).
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